La iniciativa busca endurecer las medidas punitivas y evitar la rápida liberación de delincuentes, criticando las “demasiadas garantías” que, según él, benefician a asesinos y violadores.
“Yo creo firmemente que, más allá de las medidas preventivas, hay que modificar las medidas punitivas. Hoy tenemos demasiadas garantías para el asesino, para el violador, y eso hace que terminen rápidamente en las calles”, declaró Rubin, citando el caso de un condenado por abuso sexual de menores en 2022 que quedó libre en abril de 2023 tras solo 22 meses.
“En Paraguay, hoy, vos tocás a nuestras mujeres y te vas detenido 25 o 36 meses. Eso no es normal, no es la sociedad que quiero”, afirmó.
Rubin cuestionó el sistema actual, que prioriza la “reinserción” de delincuentes, y desafió las objeciones basadas en el Pacto de San José y el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza la reinserción. “Me dicen que no se puede porque chocamos contra el Pacto de San José. La esencia del sistema penal es la reinserción, pero la perpetua como tal no se puede, es un tecnicismo. La prisión permanente con revisión es lo mismo y sí se puede”, aseguró, proponiendo modificar el artículo 38 del Código Penal para establecer un mínimo y un máximo, inspirándose en países como Argentina y Uruguay, donde la perpetua puede extenderse tras revisiones.
La reforma abarcaría delitos como abuso sexual con coito, independientemente de la edad o género de la víctima, y asesinatos dolosos, excluyendo accidentes trágicos o legítima defensa. “Si vos le sacás la vida a una persona en tierra guaraní, perdés tu libertad de por vida”, enfatizó Rubin, defendiendo también el derecho a la defensa personal: “Si alguien amenaza a mi familia, probablemente lo último que vea va a ser a mí”.
Además, criticó la desigualdad en las penas según la víctima, como en casos de periodistas, policías o miembros del EPP, afirmando: “No entiendo por qué una vida vale más o menos”.
Rubin propone que los jueces interpreten las penas, pero insiste en que delitos como el narcotráfico, liderado por figuras como Armando Javier Rotella, o el terrorismo de Estado merecen hasta 90 años o perpetua con revisión. “Cuando me dicen ‘no se puede’, yo veo cómo hacer para que sí se pueda”, concluyó.
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