Según Ramírez, estos recursos, destinados originalmente a obras y bienes de capital, fueron redirigidos a gastos corrientes, con más del 50% en transferencias que, según el interventor, buscaban eludir procesos de contrataciones públicas y presentan una escasa trazabilidad en sus resultados. “Toda la información que proveemos está respaldada en la documentación correspondiente”, afirmó Ramírez.
El interventor también señaló serias irregularidades en transferencias realizadas entre 2019 y 2022 al Consejo de Salud local, que superan los G. 10.500 millones. “Reportamos serias irregularidades en gastos de un monto importante de transferencias realizadas en el periodo 2019 – 2022 al Consejo de Salud local”, expresó.
Además, Ramírez destacó deficiencias en la certificación de obras construidas, indicando que “tampoco tenemos documentos de que esas obras fueron recibidas”. En este contexto, el interventor subrayó que “condiciones precedentes de presunta corrupción existen en el municipio”, concluyó.
Deja una respuesta