El aumento sostenido de los precios de la canasta básica continúa generando preocupación en el Ejecutivo y la ciudadanía. En conferencia de prensa, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, señaló que el Gobierno sigue respaldando un sistema de economía de mercado libre, donde los oferentes tienen el derecho de establecer los precios que consideren convenientes y los consumidores la libertad de aceptarlos o no.
No obstante, expresó que los beneficios generados en la cadena de comercialización aparentemente no se están trasladando al consumidor final, lo que ha motivado al Gobierno a impulsar nuevas medidas de control y vigilancia.
Entre ellas, Giménez indicó que la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) fue instruida para verificar si existen prácticas distorsivas y posiciones dominantes en el sector retail. Por su parte, la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO) deberá intensificar controles para evitar publicidad engañosa, diferencias de precio entre góndola y caja, y asegurar la calidad de los productos.
En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció una estrategia de colaboración público-privada con el objetivo de «cuidar el bolsillo de la gente». Según sus declaraciones, el trabajo continuará hasta que se logren resultados concretos y la ciudadanía pueda percibir una mejora económica real.
“Creemos en esta colaboración para cuidar el bolsillo de la gente”, manifestó Valdovinos, al confirmar que el Gobierno buscará asegurar precios justos para los consumidores sin afectar el modelo de mercado.
En ese mismo sentido, el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Alcides Orué, aclaró que el Gobierno no tiene atribuciones para fijar precios, pero que trabajarán para clarificar la estructura de costos y transparentar la formación de precios en toda la cadena.
El llamado a la responsabilidad social del sector privado también fue un punto destacado por las autoridades, quienes advirtieron que si los beneficios del libre mercado no llegan al ciudadano común, podría generarse un descontento que derive en presiones sociales para limitar el sistema que actualmente se defiende desde el Gobierno.
Deja una respuesta