En Paraguay, según la Ley Anita, toda persona mayor de 18 años se considera donante de órganos después de su fallecimiento, a menos que haya expresado su negativa por escrito ante el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). La ley prioriza la voluntad del fallecido, y la familia debe respetar su decisión. Si no se ha manifestado la voluntad, se considera que la persona es donante, y la familia puede autorizar la donación.
«La ley estipula que todos somos donantes presuntos, a no ser que manifestemos al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, a través de un formulario físico o virtual, somos donantes. En la cédula aparece eso», sostuvo Jara.
«Aunque el fallecido haya aprobado con anterioridad la donación de sus órganos, la familia puede negarse, tienen que estar todos de acuerdo, aunque esté en la ley», agregó el doctor.
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