Un nuevo bochorno se presenta en el Senado, porque un grupo de legisladores a toda costa quiere tumbar el proceso licitatorio para la adquisición de máquinas de votación, sin argumentos y en total desconocimiento de todo el trabajo técnico y documental que realiza desde hace meses el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
El legislador colorado Arnaldo Samaniego, sostuvo que “uno de los cuestionamientos más contundentes es que terminada las inspecciones técnicas se pudo constatar que no se cumplió con el componente del código fuente que sea de libre acceso, que permitirá si hay algún inconveniente, si hay en un local de votación, que el técnico asignado pueda subsanar el caso (sic)”.
Lo que “desconoce” el cuestionado legislador, es que ya se realizaron las pruebas técnicas desde hace 8 meses, donde dos empresas que participaron del proceso; MSA (Comitia) y Miru Systems, fueron descalificadas.
En lo relacionado al “código fuente” en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) dice claramente, que el adjudicado deberá proveer una solución integral que comprende varios softwares: software de la máquina de votación, software de gestión electoral, software para capacitación, entre otros.
HÍBRIDA
El nuevo planteamiento de Arnaldo Samaniego va por un proceso híbrido “donde se alquila la máquina y se adquiere el software”. Ayer el senador había firmado un documento oficial, presentado y aprobado por el Senado sin ningún estudio, donde pedía el arrendamiento. Ahora pide que sea “híbrido”.
INVERSIÓN
En lo que respecta a la inversión para alquiler o compra de las máquinas de votación, el senador también demostró que no está al tanto de los alcances.
El arrendamiento al TSJE representaría un costo superior a US$ 30 millones por cada elección. En cambio, la compra de las máquinas demandará una inversión de US$ 90 millones, lo que permitirá utilizarlas en ocho elecciones a lo largo de 10 años. Además, esta adquisición le otorgará al ente autónomo la posibilidad de arrendarlas cuando no estén en uso y de actualizar su software periódicamente, evitando así la necesidad de adquirir un nuevo sistema operativo en el corto o mediano plazo.
A esto se suma un dictamen técnico aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que respalda la decisión de adquirir las máquinas de votación electrónica en lugar de arrendarlas. El documento señala que la experiencia en la ejecución de contratos de arrendamiento en ocasiones anteriores demuestra que ya existe suficiente madurez institucional para administrar equipos propios.
Agrega además que “el estudio, además tuvo como resultado que, la modalidad que permite obtener mayor valor por dinero es la de un procedimiento en el que se adquieran las máquinas de votación, en la cantidad suficiente que permita a la Institución prever la correcta organización de elecciones”.
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