Entre las denuncias figuran irregularidades en la habilitación de comercios; prescripción de más de 100 actas de intervención que no fueron tramitadas a tiempo; presunto ofrecimiento y venta de cargos públicos, causa que ya fue asignada a una agente fiscal, y alteración de datos en sistemas informáticos para modificar metrajes de propiedades y afectar el cálculo de tributos. Esta última se derivará a la Unidad de Delitos Informáticos.
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