Considera que las supuestas dudas son solo una excusa para dar de baja el proceso de compra que representa mayor seguridad para el TSJE y un gran ahorro para el Estado. La suspensión del llamado recién ahora despertó a la oposición, pero ya de manera tardía.
La senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes fue bastante directa con la suspensión del proceso licitatorio para la adquisición de las máquinas de votación. A su criterio, las supuestas dudas que se instalaron sobre el llamado, fueron excusas para “seguir con el negocio del alquiler”.
“Las supuestas dudas que se han generado es una simple excusa para tomar el negocio que siempre tomaron, que es el alquiler de las máquinas de votación, que es un negocio espectacular. Estamos hablando de entre 23 y 25 millones de dólares por cada evento. De un software que yo pregunté a los ingenieros y expertos locales y me dijeron que esa clase se puede desarrollar perfectamente en Paraguay”, manifestó la senadora en declaraciones realizadas hoy.
La parlamentaria también cuestionó el nivel de seguridad y acceso limitado que se va a tener con relación al código fuente, que es el software o sistema operativo, de estas máquinas de votación, al cual nuevamente no va a tener acceso el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en caso de avanzar con el proceso de arrendamiento.
«En lugar de contratar un sistema operativo que tenga las garantías requeridas a nivel internacional para seguridad del software, prefirieron dejar sin efecto la licitación de compra de máquinas, que bien realizada daba mayor garantías al electorado. El alquiler es desfavorable a un proceso de elecciones transparentes», indicó la legisladora.
Por el momento no hay detalles de los plazos del nuevo proceso licitatorio sobre arrendamiento, tampoco detallaron el monto que se tiene previsto invertir, pero en estos días se haría la convocatoria. Para la compra de estas máquinas se había proyectado invertir US$ 92 millones.
Tardía reacción de la oposición
En los últimos días, un grupo de opositores vienen reclamando la suspensión de la licitación, que fue anunciada por el TSJE, luego de la injerencia política de 19 senadores y complicidad de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), quien ingresó a un campo técnico, postura que fue cuestionado por el propio ministro, Jorge Bogarín González.
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