El caso, que involucra acusaciones de golpismo y otros delitos graves relacionados con los eventos del 8 de enero de 2023, entra en su fase decisiva, con solo dos votos pendientes que podrían determinar el futuro del exmandatario.
Fux, en su voto emitido durante la sesión virtual de la Primera Turma del STF, sostuvo que la Corte Suprema solo puede juzgar a exjefes de Estado por delitos cometidos durante su mandato. “Voto que el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción para juzgar este caso porque los acusados ya habían perdido sus cargos políticos”, declaró el juez, enfatizando que “al contrario del Poder legislativo o el Ejecutivo, no compete a esta corte hacer un juicio político”.
Además, criticó el manejo del proceso, describiendo un “tsunami de datos” con 70 terabytes de evidencia y un “vertido de documentos” que no permitió a la defensa preparar adecuadamente su caso, ya que el acceso a la prueba se concedió recién el 30 de abril de 2025.
El juicio, que comenzó su recta final el 2 de septiembre, se centra en una presunta trama golpista orquestada por Bolsonaro para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente enfrenta cargos por cinco delitos: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados como violentos y grave amenaza a la propiedad federal. Estos se relacionan directamente con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes bolsonaristas invadieron e incendiaron edificios públicos en Brasilia, poco después de que Bolsonaro dejara el poder.
Hasta el momento, dos jueces ya han votado a favor de la condena: Alexandre de Moraes y Flávio Dino. Ambos argumentan que la conspiración inició en junio de 2021, durante el mandato de Bolsonaro, con campañas sistemáticas contra las instituciones democráticas, y que los eventos de enero de 2023 fueron su culminación. La Fiscalía comparte esta visión, insistiendo en que los hechos no se limitan al período post-mandato. Por su parte, Fux se posiciona en contra, proponiendo que el caso sea transferido a un tribunal de menor instancia.
Quedan dos magistrados por pronunciarse —ambos nombrados por Lula da Silva— con un plazo límite hasta el 12 de septiembre. Para una condena, se requieren al menos tres de los cinco votos. Bolsonaro, quien niega todas las acusaciones, podría ver su situación complicarse si al menos uno de los votos pendientes se inclina por la culpabilidad, lo que podría derivar en una pena de hasta 40 años de prisión.
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