La convocatoria, solicitada por la Fiscalía bajo apercibimiento, busca evitar que los procesados planteen chicanas para suspender la audiencia.
El caso involucra un supuesto perjuicio de G. 306.188.500, monto pagado a una empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Esta etapa preliminar será clave para determinar si el proceso avanza a juicio oral, en medio de las investigaciones sobre irregularidades en licitaciones durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Deja una respuesta