La resolución F.G.E. N.º 3092, firmada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, establece que el contenido de dichos audios podría tener relevancia penal, lo que habilita la investigación de oficio.
Para la intervención fue designado el fiscal Luis Piñánez García, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 9 de Asunción, quien se encargará de impulsar las diligencias correspondientes.
Según el Ministerio Público, la decisión busca esclarecer los hechos, reunir elementos de convicción y determinar si corresponde formular acusación.
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