La acción judicial fue dirigida contra el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como contra la cadena hotelera Decameron, lugar donde el fiscal se hospedaba cuando ocurrió el ataque.
En la demanda, la familia de la víctima sostiene que tanto los entes estatales como la empresa hotelera incurrieron en inacción negligente, lo que habría facilitado el desarrollo del hecho que terminó con la vida del funcionario judicial. Medios extranjeros señalan que la familia reclama una indemnización que supera los 2.000 millones de pesos colombianos.
Cabe señalar que hasta octubre de 2025, ocho personas han sido capturadas y condenadas en relación con el homicidio del fiscal Marcelo Pecci.
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