Stark declaró ante la audiencia pública que para rescatar a la empresa será necesario contar con una ley clara, sencilla y lo suficientemente atractiva para el sector privado, pero también útil para la institución y el Estado. Aseguró que el gobierno del presidente de la República está decidido a “hacer lo que haya que hacer” para recuperar Copaco. Dijo que la iniciativa legislativa, promovida por un diputado Rodríguez, podría transformarse en política de Estado si se afianza como compromiso institucional.
Stark admitió que la situación financiera de Copaco es grave: los ingresos anuales habrían caído de unos 90 millones de dólares en 2018 a aproximadamente 30 millones en 2023, debido en gran parte a la pérdida de clientes, al deterioro de la infraestructura y al descuido de las inversiones y mantenimientos necesarios. Según sus palabras, estos factores generaron una montaña de dificultades para operar normalmente, incluyendo atrasos en el pago de salarios.
Entre las decisiones que el presidente calificó como erróneas, citó la compra de la operadora móvil Vox en 2010, la cual —dijo— fue una “mala decisión” que contribuyó al deterioro patrimonial de Copaco con el paso de los años. Agregó que desde el año 2020 Vox tiene patrimonio neto negativo, lo que agrava la crisis. También señaló que la cantidad de empleados se mantuvo alta pese a la reducción de los ingresos, lo que elevó la carga salarial y los costos fijos a niveles insostenibles.
En alusión al proyecto de ley en trámite, Stark sostuvo que ésta debe permitir una asociación pública-privada, o algún mecanismo que aporte inversión privada, para reestructurar la empresa. En paralelo, remarcó la necesidad de revisar contratos, activos y propiedades de Copaco y Vox, con miras a sanear cuentas, optimizar la estructura estatal y generar recursos.
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