En operativos realizados en Ciudad del Este, Alto Paraná, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en los barrios San Antonio y San Rafael, liderados por los fiscales José Martín Morínigo y Cristian Ortiz Rivero. Como resultado, fueron detenidos Ángel David González Guillén y Jorge Guillén Bogado, este último identificado como tío del primero.
Según la Policía, González Guillén es sospechoso de haber actuado como financista, realizando transferencias bancarias a los presuntos sicarios para cubrir sus gastos antes, durante y después del asesinato. Los detenidos fueron trasladados a Asunción para enfrentar cargos y continuar con las diligencias judiciales.
En conferencia de prensa, el comisario Richard Vera, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, detalló las evidencias financieras: «Los sicarios recibieron dinero antes, durante y después del hecho, se habla de 4 transferencias de G 800.000, G 400.000 y 2 de G 300.000». Vera agregó que estas transacciones fueron rastreadas a través de giros electrónicos y que los detenidos habrían facilitado el escape de los autores materiales hacia el este del país.
Por su parte, el comisario Marcelino Espinoza proporcionó más detalles sobre la huida de los sospechosos: «Los presuntos sicarios, un joven de 18 años y el otro menor de edad, huyeron a Ciudad del Este en transporte público desde la terminal de Asunción». Espinoza indicó que, una vez en la zona, los fugitivos fueron «rescatados» y posiblemente se refugiaron en áreas controladas por organizaciones criminales como el Primer Comando da Capital (PCC), aunque enfatizó que no hay pruebas concretas de vínculos directos en este momento.
El ministro del Interior, Enrique Riera, no descartó escenarios más graves durante una entrevista: «El puente está controlado. Usted quiere pasar al otro lado, le piden los documentos del auto y los personales. Pueden pasar en una canoa o pueden haberle liquidado. Es una realidad», reconoció.
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