El letrado sostuvo que “a partir del impulso de la persecución penal sobre la base de la decisión del Ministerio Público, se abre la posibilidad de que CONMEBOL pueda recuperar recursos que en su oportunidad fueron objeto de hechos punibles por parte de exdirigentes”.
En cuanto a los montos investigados, Lovera precisó que “en este caso particular, la Fiscalía individualiza en primer término USD 5.100.000, en lo que es la porción en dólares americanos. Ahí hay que hacer los cálculos que está referido a lo que pudo haber ganado la entidad bancaria en el contexto de estas operaciones. Además, hace referencia a una porción en guaraníes de más G. 3 mil millones”.
Según Lovera, la CONMEBOL presentó su primera denuncia en 2017 tras una auditoría forense y luego, en 2021, formuló una denuncia penal tras analizar documentos adicionales. “La CONMEBOL hizo su primera denuncia en el año 2017 a partir de una auditoría forense … En años posteriores, públicamente se quejó respecto a la falta de pronunciamiento por parte de la Fiscalía de Paraguay frente a pronunciamiento en otras jurisdicciones”, añadió.
Respecto a la conducta investigada, Lovera manifestó que “claramente se usó el sistema financiero para darle una ‘mano’ a Nicolás Leoz en el disfrute que obtuvo, perjudicando el patrimonio de la CONMEBOL”. También señaló que “más que una admisión, es una decisión de no querer tomar contacto con determinados bienes” por parte de la familia Leoz, lo cual “es un indicador de que esos bienes podrían estar manchados”.
El abogado agregó que “en diferentes jurisdicciones, con diferentes estructuras de estudios jurídicos, la CONMEBOL lleva recuperado más de USD 130 millones”.
En la imputación, la Fiscalía señala que los directivos del Banco Atlas aprobaron fideicomisos por G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791 a favor de miembros de la familia Leoz, a pesar de existir alertas públicas sobre Leoz, lo que implicaría falta de debida diligencia por parte de la entidad bancaria.
Finalmente, Lovera afirmó que “la Superintendencia se quedó solo con los formularios que le envió el Banco Atlas (…) No pidió respaldos, si lo hubiera hecho, se hubiera percatado de que el banco estaba mintiendo”.
La causa se tramita en la Causa N.º 06/2021 de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, y según fuentes fiscales los imputados podrían enfrentar sanciones por el delito previsto en el artículo 196 del Código Penal.
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