Según señalaron desde el Ejecutivo, la norma —hasta ahora inexistente como marco integral en Paraguay— establece reglas claras, estándares modernos y un marco legal seguro para el tratamiento de datos personales. Desde la Presidencia se indicó que con esta decisión se salda un vacío normativo que afectaba un derecho fundamental de los ciudadanos.
Destacaron que, a través de esta ley, las personas pasan a estar en el centro del control sobre su información: tendrán derechos efectivos para exigir la seguridad, el consentimiento, la rectificación o la eliminación de sus datos.
La normativa abarca datos personales tratados por entidades públicas o privadas, ya sea por medios físicos o digitales, e incluye exigencias para protección, seguridad, confidencialidad y límite en la conservación de la información.
Al mismo tiempo, existen voces que cuestionan fuertemente la ley: varios legisladores opositores advierten que la inclusión del Artículo 24 podría restringir el acceso a información pública y vulnerar garantías constitucionales.
Según esos críticos, la norma podría permitir que funcionarios públicos nieguen la entrega de datos relacionados con su gestión, lo que representaría un “retroceso histórico” en materia de transparencia y control ciudadano.
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