De acuerdo con el informe, cinco juzgados de la capital concentran el 82% de los juicios ingresados y el 66% del total de los montos embargados.
El abogado Rolón Luna, quien acompaña a un sector de los afectados, señaló que cada persona denunciando este tipo de prácticas acumula en promedio 12 embargos, lo que —según afirmó— evidencia la magnitud del problema. “Es un tema muy grande que no va a desaparecer como por arte de magia. Es un problema social de grandes magnitudes”, expresó.
El letrado comparó la dinámica de los procesos con “un fuego forestal que se extiende sin que nadie lo detenga”, al sostener que ciertos grupos vinculados a créditos o ventas continúan promoviendo embargos de manera acelerada. Según dijo, esto respondería al temor de que los cambios legislativos limiten prácticas como la multiplicación de demandas sobre un mismo pagaré. Incluso, aseguró que en algunos casos las acciones judiciales se inician sin la existencia de un pagaré válido.
Insistió en que la estructura detrás de estos casos sigue operativa. Afirmó que los principales responsables no están siendo investigados y cuestionó la falta de imputaciones por asociación criminal. “Uno podría pensar que la Fiscalía no tiene la capacidad de hacerlo o no hay orden en el más alto nivel para que se haga eso”, sostuvo.
Rolón Luna describió el esquema como una red en la que determinadas empresas mantienen acuerdos informales con juzgados específicos, lo que explicaría la fuerte concentración de expedientes en pocos despachos judiciales. A su criterio, la respuesta institucional debe incluir sanciones a profesionales y un sistema de control más estricto. “Estas empresas tienen que ser descabezadas. A los abogados se les debe casar la matrícula y la Corte tiene que establecer un férreo sistema de control de los Juzgados de Paz”, sentenció.
Deja una respuesta