El equipo fiscal sostiene que los elementos de convicción reunidos durante la investigación permiten reabrir el proceso, que había sido sobreseído de manera provisional en 2022, y elevar la causa a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación, los incidentes se desencadenaron tras la decisión de trasladar al interno Orlando Efrén Benítez Portillo, lo que generó descontento entre un grupo de reclusos identificados como integrantes de la estructura criminal conocida como “Clan Rotela”.
La investigación señala que, bajo el mando de Armando Javier Rotela, los procesados habrían incendiado colchones, provocado destrozos edilicios y obstaculizado la labor del personal penitenciario, dando inicio a un motín que derivó en la toma de al menos veinte agentes penitenciarios como rehenes.
Asimismo, el Ministerio Público refiere que Rotela habría impartido órdenes directas para la ejecución de varios internos, quienes fueron atacados con armas blancas, decapitados en algunos casos, y luego entregados a las autoridades dentro del penal. Siete víctimas fueron encontradas el 16 de febrero y una más el día siguiente en otro sector del establecimiento.
La conducta atribuida a los acusados fue subsumida en los hechos punibles de: homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos, asociación criminal, todos ellos en calidad de autores, conforme al análisis realizado por el equipo fiscal y las pruebas colectadas.
El Ministerio Público ofreció una extensa batería probatoria, compuesta por, actas de intervención fiscal y policial, informes de inteligencia y análisis de videos, autopsias, pericias forenses y estudios dactiloscópicos. Además de las declaraciones testimoniales de autoridades, guardias retenidos, bomberos y agentes policiales intervinientes.
La acusación fue formalizada solicitándose al Juzgado Penal de Garantías la admisión de la acusación y de todas las pruebas, así como la elevación del caso a juicio oral y público.
Con este paso procesal, el Ministerio Público reafirma su compromiso con el esclarecimiento de uno de los episodios más violentos ocurridos en un establecimiento penitenciario del país y con la persecución penal de los responsables.
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