El examen de correspondencia que hizo la Contraloría General de la República (CGR), al presidente de Petropar Eddie Jara, arrojó resultados de movimientos sospechosos en lo que reportó, contar en “Efectivo en guaraníes” y “Cuentas a Cobrar”. Figura por ejemplo un préstamo de G. 2.800 millones que otorgó a Edith Marilin Ayala de Macchi, esta última la esposa de un fletero de la gasolinera estatal. En términos generales, se señala una falta de respaldo por un monto de G. 3.437 millones.
La Contraloría menciona que aunque se adjuntaron pagarés y constancias de devolución, no existen respaldos financieros verificables que acrediten la disponibilidad previa del capital al momento de otorgar los créditos.
También figura cuentas a cobrar por G. 700 millones a Diana Paola Gamarra Agüero, señalando “que la obligación se mantendría vigente y pendiente de pago, conforme al plazo consignado en el respectivo título de crédito”.
El análisis comparativo entre los datos tributarios del período 2018-2023 y las operaciones registrales vinculadas a un inmueble en San Bernardino revela que la utilidad acumulada de Jara fue de G. 312.880.663, monto muy inferior al capital declarado posteriormente en la DJBR 2023, que alcanza G. 3.750 millones en conceptos de “Efectivo” y “Cuentas a Cobrar”. Esta diferencia configura una brecha patrimonial de G. 3.437 millones, equivalente a cerca de doce veces la utilidad acumulada registrada.
Para la Contraloría también identificaron créditos bancarios y de cooperativas que, por su cuantía y estructura, no guardan correlación con los montos declarados como Efectivo y, especialmente, como Cuentas a Cobrar, ni permiten sostener -por sí mismos- la disponibilidad previa de capital necesaria para el otorgamiento de préstamos a terceros por montos relevantes.
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