Dos Santos detalló que uno de los puntos más relevantes es la definición clara de las causales por las cuales un juzgado podría anular un laudo arbitral. “Hay dos campos principales que se modifican en esta ley: uno, se establecen con claridad cuáles son las razones por las cuales un juzgado pudiese anular un laudo”, explicó. Añadió que esta precisión apunta a reducir la incertidumbre y a dotar de mayor previsibilidad a los procesos arbitrales.
El segundo eje destacado corresponde a los arbitrajes en los que el Estado actúa como contratante. Al respecto, señaló que la ley incorpora un capítulo ampliado y clarificado para este tipo de casos, con reglas más definidas que buscan ordenar la participación estatal en los procesos de arbitraje y generar mayor confianza en el sistema.
En ese contexto, Dos Santos vinculó la actualización de la normativa con el escenario macroeconómico y financiero del país. “Esto va de la mano con el segundo grado de inversión que eleva la vara en un montón de cosas”, comentó, aludiendo a las mayores exigencias en materia institucional y regulatoria que acompañan una mejora en la calificación crediticia.
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