La semana pasada, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), habilitó solo a tres empresas en la subasta pública nacional de casi 1.600 transformadores en desuso, y dejó fuera 11 compañías de forma bastante llamativa. Hablan de cierto favoritismo a empresas amigas.
Documentos a los que accedió Ñanduti dejan al descubierto que efectivamente Ditrento y Oils Trader Paraguay SA están vinculadas a Gabrielli Pergher Brunetta, pese a que en su momento trataron de esconder este punto.
El Informe de Auditoría del Cumplimiento de Plan de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) deja al descubierto este caso.
El Lote n.º 1, de 1.506 unidades, fue adjudicado a Di Trento Inversiones S.A. por G. 944.500.000 (apenas superior a la base de G. 942,6 millones). En tanto que el Lote n.º 2, de 80 unidades, fue adjudicado a OILS Trader SA por G. 75.000.000. La otra firma habilitada fue RI SA.
El conflicto se originó tras la reactivación del proceso mediante la resolución PN: 51043, del 15 de octubre de 2025. Según los denunciantes, el llamado a precalificación omitió datos cruciales, como la fecha, hora y lugar del remate.
Tampoco se habría socializado en medios masivos como establecía en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC); el principal apuntado en esta adjudicación, quien incluso fue escrachado durante la subasta, es el director de Servicios Administrativos de la ANDE, César Zena.
La recaudación base estaba fijada en G. 1.000 millones y, según estimaciones, el monto podría incluso duplicarse. Sin embargo, con la subasta realizada solo se habría logrado recaudar G. 5 millones adicionales, de acuerdo con lo explicado por los denunciantes.
Denunciaron ante Contraloría
Juan Sebastian Silguero, representante legal de Asunción Soluciones Ambientales S.A, una de las empresas afectadas denunció formalmente ante la Contraloría General de la República una serie de irregularidades graves detectadas en dicho proceso. “Estas anomalías configuran violaciones a múltiples normativas vigentes, generando perjuicio patrimonial al Estado, afectando principios constitucionales de transparencia, igualdad y competencia leal, y evidenciando posibles delitos penales como direccionamiento y fraude al erario público”.
Entre la serie de irregularidades figura que exige que toda venta de bienes del Gobierno se haga en subasta pública “debidamente anunciada con especificación de la base, modo de pago y demás condiciones”. Incumplimiento: omisión de fecha, hora, lugar y lista detallada de bienes en anuncios iniciales, publicidad incompleta (solo precalificación, no edictos completos), limitando participación y violando el “debido anuncio”, lo que no se había cumplido.
Resalta que los indicios de direccionamiento configuran posibles delitos, con perjuicio al erario público por baja recaudación.
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