En primer lugar, la jueza manifestó que la salud de la población es una garantía constitucional, y que el Ministerio de Salud debe proveer la asistencia necesaria para un ciudadano.
No obstante, manifestó que a través de los amparos judiciales, en realidad se ordena la compra de medicamentos, motivo por el cual consideró que “estamos ingresando en el presupuesto de otra institución, y nosotros por la Constitución Nacional debemos tener en cuenta la división de poderes, por lo que no podemos invadir áreas de otros ministerios”, refirió.
“En mi caso particular, estamos pidiendo el costo de los medicamentos y ahí te caes de espalda. He recibido una receta donde piden mil pastillas, hago las averiguaciones y veo que cada frasquito contiene 28 pastillas y cada frasco cuesta 39 millones, y a mi me piden mil pastillas”, reveló la magistrada.
«No puede ser que los médicos estén recetando medicamentos que previamente no se hayan cerciorado si hay o no hay», sostuvo. Inclusive, aseguró que hay medicamentos que no están autorizados para la venta en Paraguay, y sin embargo se procede con la orden de compra
Con el objetivo de rever este escenario, instó a realizar los controles técnicos necesarios para evitar este tipo de situaciones, y definir mecanismos para sortear la crisis y transparentar la compra de los fármacos.
“El amparo es una medida de urgencia, es resolver el problema urgente y que la institución tome consciencia del tema, si hay un fallecimiento de por medio, reacciones alérgicas, ¿donde van a parar estos medicamentos después?”, concluyó.
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