La verificación fue realizada por la jueza interina Lidia Fariña, de Julián Augusto Saldívar, quien informó la situación al ministro superintendente. En respuesta, se dispuso la intervención de auditores de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, la realización de un inventario de los expedientes y la adopción de medidas de resguardo documental y seguridad, incluyendo cambio de cerraduras y refuerzo de la guardia policial en la sede judicial.
El objetivo de estas medidas es garantizar la integridad de la documentación y esclarecer la situación de los expedientes, que podrían estar vinculados a irregularidades conocidas como la “mafia de los pagarés”. La implementación y supervisión de las acciones queda a cargo del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, que deberá informar periódicamente al ministro superintendente.
Cabe destacar que una situación similar se había detectado días atrás en el Juzgado de Paz de Luque, lo que motivó medidas equivalentes de auditoría y control interno.
El Poder Judicial informó que estas acciones forman parte de los procedimientos administrativos de control establecidos para asegurar el correcto funcionamiento de los juzgados y la protección de los documentos judiciales.
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