La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, detalló las principales modificaciones incorporadas en el texto final. Entre ellas, se establece un aporte gradual del Estado del 5%, un aporte administrativo del 16% y una contribución del 19% para docentes, militares y policías.
En el caso de los docentes y magistrados judiciales, el régimen ordinario fija una edad mínima de jubilación de 57 años y un mínimo de 25 años de aporte, con una tasa de sustitución que oscila entre el 60% y el 70%, con posibilidad de llegar hasta el 85%. Para el régimen extraordinario, se establece una edad mínima de 55 años, con al menos 30 años de aportes y una tasa de sustitución similar, calculada mediante el prorrateo de los últimos 10 años.
Para los integrantes de la fuerza pública, el proyecto contempla el retiro con menos de 57 años y 25 años de aportes, con un cálculo basado en el promedio de la remuneración imponible de los últimos cinco años y una tasa de sustitución del 60% al 70%, con tope del 85%.
Tras la aprobación del proyecto, sectores gremiales expresaron su rechazo. El dirigente docente Gabriel Espínola calificó de “traidores” a los diputados que votaron a favor de la iniciativa, mientras que el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, anunció una huelga nacional para el próximo 23 de febrero y no descartó que las medidas se extiendan por varios días o semanas.
Las manifestaciones contra la reforma se registraron en las inmediaciones del Congreso Nacional en los días previos al tratamiento. Durante una de las movilizaciones, integrantes de la FEP intentaron sobrepasar la barrera policial, lo que derivó en la intervención de la Policía con gas pimienta y balines de goma, según denunciaron los manifestantes.
Al respecto, Piris señaló: “Nadie tiene afán de atropellar, lo que queremos es que se trate y rechace este proyecto de Ley”. Por su parte, la diputada Johanna Ortega cuestionó el accionar policial y afirmó que la respuesta del Gobierno transmite el mensaje de que “no nos importa someterte”.
El debate parlamentario también incluyó posturas divergentes sobre la Caja Parlamentaria. El diputado Jatar Fernández manifestó su rechazo a su eliminación, mientras que el legislador Antonio Buzarquis, del PLRA, anunció que su partido apuesta por suprimirla junto con otros privilegios.
El diputado Mauricio Espínola criticó el proceso legislativo y sostuvo que “esto es un proyecto que no fue socializado con los sectores afectados”. En la misma línea, el diputado Roberto González solicitó postergar el estudio por 120 días, pedido que fue rechazado por el pleno.
Por otra parte, el diputado Yamil Esgaib calificó el proyecto que elimina la caja parlamentaria como una “estupidez” y una “barbaridad”, mientras que la diputada Johanna Ortega lo consideró “injusto, inmoral e ilegítimo”. A su vez, la diputada Jazmín Narváez afirmó: “Es una vergüenza que con 10 años de aportes nosotros podamos acceder a un privilegio”.
Durante el debate, también se escucharon advertencias sobre el impacto fiscal de la reforma. El diputado Hugo Meza señaló que, de eliminarse el fondo de jubilaciones del Poder Legislativo, el Estado deberá asumir nuevamente el financiamiento. En tanto, el diputado Rubén Rubin expresó que “la Caja Fiscal les va a explotar en la cara” si no se realizan cambios sostenibles.
Desde el oficialismo, el diputado Miguel Del Puerto, líder de la bancada de Honor Colorado, sostuvo que buscan una reforma progresiva. “Hoy vamos a hacer lo correcto”, afirmó, al tiempo de indicar que la Caja Parlamentaria será reestructurada para evitar aportes estatales.
En paralelo, miembros de la Asociación de Suboficiales Retirados se movilizaron en apoyo a los agentes activos. Su vicepresidente, Óscar López, declaró: “Hoy van a decidir si quieren policías con bastón por la calle o policías que valgan la pena para brindar seguridad”.
Con la media sanción otorgada por Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado, donde continuará su análisis en un contexto marcado por la presión de los gremios y el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional.
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