Las sociedades afectadas son Americana Agropecuaria S.A., Paragrícola S.A., Laguna S.A. y Principado Agropecuaria S.A., ubicadas en Corpus Christi, departamento de Canindeyú, las cuales concentraban campos, inmuebles rurales y acciones por un valor que, según la demanda judicial, supera los G. 33.000 millones. Los antecedentes indican que estas empresas fueron fundadas y controladas históricamente por los hermanos Wilhelm Hermann Klaus Peters y Detlef Andreas Manfred Peters, ambos de origen alemán.
Detlef Peters, desde el año 2006, padecía una demencia crónica degenerativa, diagnóstico que se encuentra debidamente documentado en miles de páginas de su historial clínico del Hospital Albert Einstein y de centros médicos especializados de São Paulo, Brasil.
El núcleo de la denuncia
Según la demanda, cuando uno de los hermanos ya había fallecido y el otro se encontraba médicamente incapacitado, un grupo de personas; entre ellas familiares, abogados, supuestos directivos societarios y una escribana pública; habría montado una compleja ingeniería jurídica fraudulenta para apropiarse de las acciones y bienes de las sociedades.
Lo que se denuncia
Desde la representación legal de la familia explicaron que varias escrituras habrían sido firmadas cuando Detlef se encontraba internado en Brasil, a más de 1.300 kilómetros del lugar donde supuestamente “compareció”. A esto se suman actos jurídicos celebrados en nombre de Wilhelm con posterioridad a su muerte, mediante el uso de poderes antiguos.
Asimismo, se mencionan firmas “a ruego” realizadas de manera reiterada por una misma persona, desconocida para la familia, con testigos repetidos y sin vínculo alguno con el supuesto firmante. También se cuestionan actas de asamblea que, de acuerdo con la demanda, nunca se realizaron, pero que fueron utilizadas para desplazar a los verdaderos dueños y transferir acciones.
El rol de las escrituras públicas
Uno de los puntos más graves señalados es la actuación de una escribana pública, quien habría certificado como auténticas declaraciones de voluntad de una persona clínicamente incapacitada, afirmando incluso que esta “compareció” cuando se encontraba postrada en una cama hospitalaria en Brasil. Esto habría permitido ingresar inmuebles como supuestos aportes de capital, convertir acciones al portador en acciones nominativas y consolidar el control total de las empresas en manos de terceros.
De acuerdo con la denuncia judicial, estas maniobras derivaron en el vaciamiento total del patrimonio familiar: los fundadores perdieron sus acciones, los herederos fueron excluidos sin conocimiento alguno y las empresas quedaron bajo el control de nuevos accionistas surgidos de actos presuntamente nulos.
La posición de la heredera
Gisela Peters, hija de Wilhelm, tomó conocimiento de estas maniobras recién durante el juicio sucesorio de su padre. A partir de entonces, promovió una demanda de nulidad absoluta, solicitando que se declaren inválidos todos los actos realizados desde el momento en que Detlef perdió su capacidad mental, así como la restitución de la situación societaria al estado previo al presunto despojo.
Un caso que trasciende lo privado
La familia sostiene que el caso no se limita a un conflicto familiar, sino que expone graves fallas estructurales, como el uso de instrumentos públicos para la consumación de presuntos delitos, la falta de controles sobre actos notariales y la especial vulnerabilidad de adultos mayores titulares de grandes patrimonios.
Insisten en que el Poder Judicial tiene en sus manos uno de los expedientes patrimoniales más sensibles y voluminosos, respaldado por miles de páginas de pruebas médicas, registrales y societarias.
La familia Peters afirma que no se trató de un error ni de una disputa comercial, sino de un plan deliberado para apropiarse de bienes ajenos, aprovechando la enfermedad, la muerte y el silencio.
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