“No puede ser que en un supermercado o despensa se venda el tomate a G. 10.000 el kilo y en otro punto a G. 21.000”, sostuvo Giménez, quien calificó la diferencia de precios como injustificada y perjudicial para el consumidor.
El titular de la cartera agrícola reiteró que el precio de finca oscila entre G. 7.000 y G. 8.000, y en el Mercado de Abasto llega a G. 9.500, pero en algunos comercios se duplica o más. “Queremos que nunca más los supermercadistas abusen y perjudiquen al consumidor. Están constantemente pateando al consumidor final con una especulación que no debería ocurrir”, agregó.
Giménez vinculó directamente esta situación al plan nacional de producción de tomate, que busca aumentar la oferta local y estabilizar precios. “Es algo que a nosotros siempre nos preocupa y justamente este plan nacional de tomate es para enfrentar esa especulación que se tiene sobre ese producto”, enfatizó.
El ministro pidió que Capasu analice internamente a sus miembros y reiteró que los comerciantes e importadores que aleguen contrabando deben demostrarlo. “Ellos que hay contrabando, tienen que demostrar”, concluyó.
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