La votación, que marcó el primer gran respaldo legislativo al Gobierno de Milei en 2026, fue presenciada desde uno de los palcos del recinto por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Minutos después del resultado, el presidente celebró en redes sociales con un mensaje breve y característico: “Histórico, VLLC”.
La norma, que ahora deberá sortear nuevos escollos en la Cámara de Diputados antes del 1 de marzo –fecha límite fijada por el Ejecutivo para tener la ley sancionada–, contó con el apoyo de una coalición integrada por La Libertad Avanza, el PRO de Mauricio Macri, la Unión Cívica Radical y diversos bloques provinciales. Para lograr los votos necesarios, el Gobierno realizó varias concesiones, entre ellas el abandono de la rebaja del Impuesto a las Ganancias y modificaciones en el régimen de billeteras virtuales para el pago de salarios.
La reforma introduce cambios sustanciales en las relaciones laborales: la jornada diaria podrá extenderse hasta las 12 horas mediante un sistema de “banco de horas” que compensa períodos de mayor carga con otros más livianos; las vacaciones dejan de estar obligatoriamente ligadas al verano y podrán fraccionarse; y los salarios podrán abonarse en moneda extranjera, especie, alimentos o alojamiento.
Uno de los puntos más controvertidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, al que las empresas deberán aportar entre el 1% y el 2,5% de las remuneraciones. Estos fondos, que antes ingresaban a la Anses para financiar el sistema jubilatorio, serán redireccionados. El Gobierno estima que la medida inyectará alrededor de 4.000 millones de dólares anuales al mercado de capitales. Sin embargo, el senador peronista Mariano Recalde calificó la iniciativa como “un escándalo”, argumentando que precariza el empleo al subsidiar despidos y deja sin recursos al sistema previsional.
Los sindicatos también resultan significativamente afectados: los convenios colectivos nacionales pierden prioridad frente a los acuerdos individuales por empresa y, de no renovarse, caducan automáticamente. Además, se establecen nuevos requisitos para declarar huelgas en servicios esenciales: deberán garantizarse al menos el 75% de la prestación en sectores como salud, educación y transporte, y el 50% en áreas como bancos e industria.
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