El abogado Diego Troche, representante de Manfred Peters, aseguró que su cliente enfrenta un intento de estafa y apropiación indebida de un inmueble valuado en más de US$ 300 millones, perteneciente a la firma Americana Agropecuaria, ubicado en la zona de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.
“La señora Gisela Peters, que figura como denunciante, es hija del señor Klaus Peters, quien vendió toda su participación, acciones y propiedades en Paraguay en el año 1991, hecho que puede comprobarse mediante escritura pública”, aseguró el abogado.
Indicó además que, a raíz de esa partición de condominio, Klaus Peters otorgó un poder a su hermano para formalizar todas las transferencias, aclarando que “esto no guarda ninguna relación con Gisela Peters”. Agregó que a Klaus Peters se le diagnosticó Alzheimer en el año 2021 y no en 2006.
“Esta es una maniobra, porque existe un grupo de abogados que manejan el poder, entre ellos quienes intervienen en el proceso, como José Fugarazzo, representante convencional, y Gisela Peters, quien pretende ejercer supuestos derechos hereditarios cuando su padre transfirió totalmente sus bienes en 1991. Incluso existe una certificación del hermano de Gisela Peters que confirma que su padre ya no contaba con ningún patrimonio en Paraguay”, agregó.
En cuanto a la intervención policial, que calificó de extralimitada, señaló que se utilizó una resolución administrativa de sociedades para intentar desalojar a indígenas que trabajan para la empresa durante la cosecha.
“Intentaron desalojar al personal de la empresa, siendo que Gisela Peters no es accionista, directora ni apoderada de la empresa Americana, por lo que no tiene legitimidad para invadir un inmueble perteneciente a los propietarios”, reiteró.
Finalmente, Troche apuntó contra lo que calificó como una maniobra judicial encabezada por el magistrado Guillermo Trovatto, con apoyo de Josefina Gunnset. “Se realizaron numerosas denuncias y todas quedaron cajoneadas. Hay una llamativa intervención de un pariente de la ministra Carolina Llanes, que atropella a jueces, solicita resoluciones y exige la retención de expedientes que planteamos, recurriendo a todo tipo de patrañas”, aseveró.
Desacreditan versión del abogado
“De haber sido cierta la afirmación sobre la venta en 1991, quedan preguntas llamativas. Por ejemplo, ¿por qué en 2009 se inicia el juicio de mensura y unificación de fincas de todos los inmuebles a nombre de mi padre? Además, de haber existido esa venta en 1991, ¿por qué hay una escritura pública de venta de todos los bienes de mi padre en el año 2011, cuatro meses después de su muerte, siendo representado por su hermano, ya en total discapacidad mental por demencia crónica degenerativa y otras enfermedades debidamente probadas?”, manifestó a Ñandutí la señora Cornelia.
Mencionó además que la situación de salud de su padre quedó documentada y fue presentada por su propio primo en el juicio de curatela de bienes tramitado en Brasil.
“Lo cierto es que quien en ese momento prestaba servicios como abogado de mi padre pasó luego a ser propietario de sus bienes, en contubernio. En síntesis, nos despojaron de los bienes familiares perpetrando uno de los crímenes de guante blanco más grandes del Paraguay. La verdad está a la vista: un muerto, representado por un enfermo mental, vende todos sus bienes”, sentenció.
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