La Superintendencia de Salud a cargo de Roberto Melgarejo Palacios, remitió los resultados de la auditoría integral que realizaron al Instituto de Previsión Social (IPS), tras la muerte del asegura Braulio Vázquez, donde se evidencian varias irregularidades desde el punto de vista médico y administrativo.
El lapidario informe de 45 páginas abarca desde la primera atención de Vázquez en el Servicio de Urgencias del Hospital IPS Ingavi a primeras horas del 26 de enero pasado, hasta el 28 del mismo mes, fecha en que falleció.
“Dejamos constancia de que el profesional de salud responsable de realizar el RAC (Recibir, Acoger y Clasificar) en ese horario fue convocado por el equipo auditor para justificar la demora, pero no se presentó sin causa justificada”, señala parte de la auditoría.
Según declaraciones de la médica de guardia, se intentó realizar la interconsulta con hemodinamia sin éxito. “Me comuniqué vía WhatsApp con ambos médicos de guardia de hemodinamia, los cuales no respondieron”, afirmó.
Esto se suma a que el paciente fue clasificado en triage con “código verde”, indicando un caso no urgente, lo que representa “una primera falencia, ya que se trataba de un cuadro compatible con síndrome coronario agudo”, explicó en Ñanduti el médico Roberto Melgarejo, superintendente de Salud.
El lunes 26 de enero se recibió la confirmación de disponibilidad de una cama monitorizada en el Hospital Central. Sin embargo, Vázquez permaneció en el Hospital Ingavi hasta que el traslado se concretó a las 21:00 horas.
“En conjunto, el caso refleja debilidades en la oportunidad, coordinación y organización del proceso asistencial ante un evento cardiovascular tiempo dependiente, en un paciente que presentaba además anatomía coronaria de elevada complejidad”, menciona el documento.
Suspensión del procedimiento
El informe indica además que el martes 27 de enero estaba previsto realizar el cateterismo indicado. Según el personal médico de Hemodinamia, “durante la mañana se gestionaron los insumos necesarios para el procedimiento, los cuales no se encontraban disponibles en stock institucional y debieron ser adquiridos por los familiares del paciente”.
De las declaraciones del personal médico y técnico se desprende que la sala de hemodinamia estaba inoperativa al momento de los hechos.
A esto se suma la falta de interés en el proceso licitatorio identificado como LPN N° 11/2024 – «Adquisición de insumos de Hemodinamia para el Hospital Central» y de la licitación pública nacional N° 57/2.024 para la «Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con y sin provisión de repuestos a necesidad para Angiógrafos de la marca Siemens pertenecientes al IPS”, cuyo contrato había vencido desde el 18 de diciembre, pero fue alertado por la propia proveedora pero no se hicieron las gestiones adecuadas.
Fiscal general dijo que podían intervenir de oficio
Este análisis de un órgano competente, como la Superintendencia de Salud, trae a colación lo manifestado el 31 de enero pasado por el propio Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, en Ñanduti, donde dijo que el Ministerio Público podría actuar de oficio.
“Claro que podemos intervenir de oficio. Es un hecho punible, una lesión al bien jurídico vida que nos interesa de sobremanera”, afirmó Rolón Fernández, quien agregó que la fiscalía aguarda los resultados de los peritajes médicos para avanzar en el caso.
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