Un millonario cobro de G. 3.200 millones por la venta de terrenos al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), ubicados sobre la calle Ciencias Veterinarias, del barrio Capellanía de San Lorenzo, salpica a la administración de Felipe Salomón (ANR), hijo del senador Óscar Salomón.
Los documentos oficiales a los que accedimos refieren que la venta de los inmuebles se realizó con la venia de la Junta Municipal en 2022 a favor de Senacsa por G. 39.600 millones. Tras solicitarse una auditoría del caso, en el desglose figura un desembolso de G. 972 millones en concepto de “honorarios regulados judicialmente por terrenos vendidos a Senacsa”.
Sin embargo, el monto cobrado en concepto de regulación de honorarios habría trepado a G. 3.200 millones, con aval del intendente Salomón y del juez Milner Borja Denis. Los abogados que percibieron la millonaria suma, al estilo de una intermediación inmobiliaria, fueron Héctor Urbano Parodi y José David Macedo
Ambos letrados, beneficiados con la millonaria suma por regulación de honorarios en la venta de tierras de la comuna a Senacsa, figuran además como funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, desempeñándose como asesores jurídicos.
Lo que dice la ley
La normativa que reglamenta el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos y otros auxiliares de justicia de entes públicos es clara en este punto y prohíbe “cualquier tipo de pretensión de cobro” cuando se trata de entidades bajo tutela de la administración pública.
Pese a esta prohibición, desde la Municipalidad de San Lorenzo se autorizó el millonario desembolso a favor de los dos abogados.
Caso José González
Uno de los últimos antecedentes de pagos millonarios por honorarios judiciales involucra al ahora exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José Antonio González Maldonado, quien cobró G. 412 millones en un caso en el que el ente previsional terminó percibiendo G. 7.500 millones del Consorcio Hotelero Sudamericano S.A.
El argumento de José González en ese entonces fue que la contraparte no era una entidad pública. En el caso de San Lorenzo, el pago a los abogados asciende a G. 3.200 millones y la contraparte es una institución pública.
Denuncias
La denuncia penal ante el Ministerio Público, ya se presentó el pasado viernes y fue promovida por el concejal liberal Isaac Rojas. Por su parte, desde la Contraloría General de la República (CGR), manifestaron que ya están al tanto del caso.
El mismo edil adelantó que dará seguimiento a las publicaciones de Ñandutí y remitirá la denuncia ante el ente contralor.
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