La sanción se da luego de un proceso legislativo marcado por ajustes introducidos en el Senado, que modificaron aspectos centrales de la propuesta original impulsada por el Poder Ejecutivo. Entre los cambios más relevantes incorporados por la Cámara Alta se encuentra el establecimiento de un aporte estatal del 10% sobre la remuneración imponible, así como el aumento del aporte de los trabajadores de sectores deficitarios del 16% al 19%, manteniéndose en 16% para los sectores superavitarios.
Asimismo, el texto aprobado fija nuevas condiciones para el acceso a la jubilación en determinados sectores. Para el magisterio, docentes universitarios y magistrados judiciales, se establece una edad mínima de 53 años y al menos 25 años de aporte, con una tasa de reemplazo inicial del 78% que puede incrementarse gradualmente hasta el 90% con mayor antigüedad. En el caso de policías y militares, se fijan parámetros diferenciados, con edad mínima de 55 años y escalas progresivas de beneficios según años de servicio.
El proyecto también incorpora disposiciones transitorias que permiten a ciertos sectores optar entre el régimen vigente y el nuevo sistema, además de medidas como el reconocimiento de años de aporte por maternidad en el caso de las docentes. A esto se suman cambios en la base de cálculo de las jubilaciones, que pasa a considerar promedios de los últimos años de ingresos, con variaciones según el sector.
Durante su tratamiento en el Senado, la iniciativa estuvo acompañada por un amplio debate y por manifestaciones de sectores afectados, principalmente docentes, que cuestionaron el impacto de las modificaciones. Algunos legisladores señalaron que la reforma apunta a reducir el déficit del sistema de jubilaciones del sector público, mientras que otros advirtieron que no resuelve problemas estructurales y podría trasladar mayores cargas a los aportantes.
El Ministerio de Economía y Finanzas participó en el proceso de discusión técnica del proyecto, argumentando que los cambios responden a criterios de sostenibilidad financiera, equidad y suficiencia, en un contexto en el que el sistema arrastra un déficit significativo y enfrenta riesgos a futuro si no se introducen ajustes.
Con la aprobación de Diputados a las modificaciones del Senado, el Congreso dio por concluido el tratamiento parlamentario de la reforma, quedando ahora en manos del Poder Ejecutivo su promulgación o eventual veto, paso previo a la reglamentación e implementación de las nuevas disposiciones.
Deja una respuesta