Según las denuncias, solo se permite ingresar 12 productos por mes a las reclusas, lo que limita significativamente la cantidad de provisiones disponibles. Además, se señala que los precios en la cantina interna del penal son muy elevados, generando sobrecostos para las internas y sus familias.
Los familiares también criticaron la restricción de agua potable: dentro de las instalaciones solo se permite el ingreso de cinco litros por mes, lo que obliga a las reclusas a comprar el agua en la cantina del establecimiento, donde los precios son considerados exorbitantes. Estas prácticas, según los denunciantes, generan cuestionamientos sobre las condiciones dignas de las personas privadas de libertad.
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