El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (CAPPEM), Rubén Galindo, alertó sobre el ingreso ilegal de insumos odontológicos al país, muchos de ellos sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos.
Según explicó, estos productos eran traídos desde Foz de Iguazú por una organización que operaba de manera irregular, promoviendo y comercializando insumos directamente a odontólogos, incluso en congresos o mediante envíos por courier.
Galindo detalló que el principal problema no solo radica en la posible falta de registro sanitario, sino también en las condiciones inadecuadas de transporte y almacenamiento. Esto podría afectar la calidad de los productos, que en muchos casos son altamente sensibles.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de trazabilidad, el incumplimiento de la cadena de frío y condiciones inadecuadas de almacenamiento, factores que también pueden alterar la calidad de los insumos.
Entre los insumos incautados y comercializados se encuentran implantes, materiales odontológicos y también anestésicos dentales, que son inyectados directamente a los pacientes.
En ese sentido, se enfatizó que el uso de estos productos sin control puede derivar en complicaciones, pérdida de efectividad o riesgos sanitarios, especialmente si perdieron esterilidad o sus propiedades originales.
“Estamos hablando de insumos que se incorporan al cuerpo, como implantes, o que requieren condiciones estrictas de esterilidad. Si no se manejan correctamente, pueden perder sus propiedades y generar riesgos en los pacientes”, advirtió.
El esquema comenzó a expandirse con mayor fuerza desde el año 2020, alcanzando volúmenes significativos de ingreso irregular. Ante esta situación, en 2022 se realizaron las primeras denuncias, y recién en 2024 se impulsaron acciones judiciales más concretas.
En ese proceso, el Ministerio Público autorizó la realización de compras simuladas para identificar el circuito de comercialización, lo que permitió avanzar en causas penales por contrabando, como el caso conocido como “Dental Foz”.
Actualmente, existen varias investigaciones en curso, con imputaciones, procesos elevados a juicio oral y nuevas denuncias en trámite. Las autoridades también continúan recabando pruebas y testimonios en Ciudad del Este.
Algunos imputados fueron beneficiados con suspensión condicional del procedimiento, tras pagar una reparación económica total de G. 36 millones.
Además, existen nuevas imputaciones en preparación contra otros presuntos involucrados mientras que se presentaron nuevas denuncias que aún se encuentran en trámite.
Otro punto clave señalado por Galindo es que, incluso cuando los productos estén registrados, su ingreso irregular puede generar consecuencias legales para los titulares de esos registros en Paraguay, quienes son responsables por su correcto uso y funcionamiento.
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