Núñez explicó que la decisión responde a consideraciones de carácter político y ético en el actual escenario económico nacional, caracterizado como “economía de guerra”. “Si le pedimos un esfuerzo a la ciudadanía, tenemos que empezar a hacer ese esfuerzo nosotros mismos desde la dirigencia política”, señaló.
Sostuvo que, aunque el cobro de estas bonificaciones estaba amparado en normativas presupuestarias vigentes desde 2018, el contexto actual lo convertía en un tema sensible que requería una respuesta concreta.
Además, el titular del Congreso confirmó que impulsará un proyecto de ley destinado a suprimir de forma permanente este tipo de asignaciones adicionales para funcionarios de conducción política en los tres poderes del Estado.
La propuesta incluiría a senadores, diputados, presidente y vicepresidente de la República, ministros, gobernadores, miembros de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Contralor General, directivos del Banco Central del Paraguay, y presidentes de entes binacionales y otras instituciones públicas relevantes.
El objetivo, según Núñez, es redirigir esos recursos hacia prioridades como salud, educación y el pago de deudas pendientes en sectores críticos.
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