Funcionarios agremiados realizaron una protesta este martes 14 de abril dentro de la sede municipal para exigir a la administración de Luis Bello la regularización de fondos que, aunque son descontados de sus salarios, no están siendo transferidos a la asociación.
Según los trabajadores, la deuda acumulada supera los G. 6.200 millones y afecta a unos 3.600 socios, cuyos beneficios, como créditos en farmacias y supermercados, se encuentran actualmente paralizados.
Desde el gremio señalaron que ya habían recibido promesas de pago antes de Semana Santa, pero estas no se cumplieron. Ante la presión, la administración habría anunciado un desembolso parcial, lo que llevó a suspender momentáneamente la medida.
Los funcionarios advierten que la situación impacta directamente en servicios básicos para sus familias y mantienen el estado de alerta a la espera de que se concrete el pago comprometido.
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