Según explicó, uno de los documentos es la resolución de la Cámara de Diputados que lo designó como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2020, con vigencia hasta 2023. La fiscal remarcó que ese dato es clave para el cómputo de la prescripción de la sanción penal, ya que luego pasó a ser representante de la Cámara de Senadores mediante una nueva resolución
Sánchez añadió que también se produjo otro documento público de contenido falso: la matrícula de abogado, que permanece vigente hasta hoy, aunque suspendida administrativamente por la Corte Suprema de Justicia a raíz de un sumario.
«Falsamente se fue a hacer su pedido de obtención de matrícula manifestando su condición de abogado y acreditando esa circunstancia con el título y certificado que serán objeto de prueba. No es la conducta de haber obtenido y registrado, como interpretó la Cámara», subrayó la fiscal.
Por otra parte, la agente del Ministerio Público había denunciado que recibió amenazas con el fin de evitar que se presente el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
«En el caso particular se recibió un mensaje que fue suficiente para articular las medidas de seguridad. Fue un mensaje a través de un tercero pero dirigido a mi persona para que no se presente lo que presentamos ayer», señaló.
«El Ministerio Público pretende probar que su condición de abogado es falsa con todas las inconsistencias del título que se generó en menos de un día», sentenció Sánchez.
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