Karina Ferrari, vocera de las urbanizaciones, aclaró que el operativo no corresponde a un desalojo, sino a una verificación. “Estamos tratando de configurar si existe o no delito ambiental”, explicó.
Ferrari indicó que los vecinos no son propietarios del terreno, por lo que su única herramienta legal es la denuncia por daño ambiental. “En este momento la diligencia se enfoca en determinar la existencia o no de ese delito”, sostuvo, mientras fiscales y agentes policiales realizan la inspección en la zona.
Según relató, la ocupación del predio se viene dando de forma progresiva desde hace varios años. “Empezaron a venir hace 5 o 6 años. Cuando generamos la alerta las autoridades no se inmutaron mucho por la situación. Pero hace un año comenzaron a llegar en camiones, la cantidad de gente que llegaban era impresionante”, expresó.
La vocera también afirmó que la situación se fue agravando con el tiempo. “Esto es algo progresivo y agravado. Tenemos concejales involucrados”, añadió.
En cuanto a las consecuencias, señaló que la ocupación genera impactos sociales y económicos en la zona. “Estas personas no tienen fuentes laborales. Entonces, la inseguridad también se elevó. También el impacto en la desvalorización de propiedades”, indicó.
Además, denunció afectaciones al entorno natural. “Invadieron la misma laguna. Desviaron los cauces”, afirmó.
Finalmente, comentó que mantuvieron una reunión con el intendente local. “Nos reunimos con el intendente y me dijo que es un problema que hay que ver y que no sabe por qué pasa esto, y que hay que buscar al dueño para que haga algo”, concluyó Ferrari.
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