Durante una entrevista en el programa «Primera Instancia», abordó el desafío que enfrenta la institución para este año, marcando una postura clara: se pueden acortar los plazos, pero a riesgo de sacrificar la calidad de las evaluaciones.
«Falta tiempo para prever los problemas que van surgiendo», apuntó Ruffinelli al analizar la situación de una justicia altamente recargada. El proceso actual para emitir una terna toma entre cinco y seis meses, un tiempo que el Consejo justifica en la necesidad de garantizar la idoneidad de los perfiles.
El peso de la burocracia y la inamovilidad
Ruffinelli explicó que, solo en el último ciclo, el órgano debió gestionar la selección para 480 cargos, implementando 13 tipos de exámenes distintos y enfrentando el retraso en la recepción de informes de órganos externos (como el Jurado de Enjuiciamiento o la propia Corte). A esto se suma la falta de tribunales de ética en instituciones clave como el Ministerio Público y la Defensa Pública, lo que dificulta la medición de este criterio.
Otro punto de fricción es el mandato constitucional del artículo 252. Según explicó el doctor, la interpretación de la Corte Suprema obliga al Consejo a incluir en las ternas a los magistrados que buscan su confirmación para garantizar su inamovilidad. Pese a que el órgano planteó una acción de inconstitucionalidad para tener la libertad de excluir perfiles con los que no estuvieran de acuerdo, la acción fue rechazada.
Avances y proyecciones para el edicto 2025
Pese a los cuellos de botella, destacó que existe una gran «armonía que reina entre los miembros» del Consejo, lo que ha permitido dinamizar los reglamentos.
Entre las soluciones a mediano plazo, mencionó que se evalúa una propuesta de la Corte Suprema para la creación de un banco de datos, herramienta que promete acortar significativamente los tiempos técnicos de postulación y revisión.
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