Comentó que la investigación se inició en febrero de este año, a partir de un reporte remitido desde el Reino Unido, en el marco de un trabajo de cooperación internacional. Paraguay forma parte de este sistema desde 2011, lo que permitió la recepción de información a través de herramientas forenses especializadas.
De acuerdo con la fiscala, el procedimiento se basó en el monitoreo de redes “peer-to-peer” (P2P), utilizadas para el intercambio de archivos entre usuarios. Estas plataformas funcionan mediante aplicaciones instaladas en computadoras, donde los usuarios comparten carpetas y contenidos con personas de distintas partes del mundo.
“Desde el momento en que una persona descarga este tipo de material, pasa automáticamente a formar parte de una comunidad global que comparte estos archivos”, explicó.
En ese contexto, las autoridades logran identificar direcciones IP asociadas a descargas masivas, lo que permite rastrear a los usuarios involucrados. A partir de estos datos, se desarrollan las investigaciones a nivel local.
Uno de los casos más relevantes del operativo corresponde a un detenido que, en apenas tres meses, acumuló más de 3.350 descargas de este tipo de contenido.
Benítez señaló que los reportes internacionales contienen información precisa, incluyendo el tiempo exacto de las descargas y la clasificación del material, lo que respalda la solidez de las investigaciones.
El operativo “Aliados por la Infancia VI” forma parte de una serie de acciones coordinadas a nivel internacional para combatir estos hechos. Según la fiscala, en ediciones anteriores ya se han obtenido condenas, lo que refuerza la validez de los reportes y la efectividad del trabajo conjunto entre países.
Asimismo, advirtió que este tipo de casos forman parte de una problemática creciente. Indicó que los hechos relacionados con material ilegal que involucra a menores se ubican entre los principales delitos investigados en el país, lo que mantiene a Paraguay en el foco de atención internacional.
Finalmente, insistió en la necesidad de reforzar la prevención y el control, especialmente en entornos digitales, destacando el rol de las familias en la protección de niños, niñas y adolescentes.
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