De acuerdo con lo explicado, la ley dispone que el salario de un actuario judicial debe equivaler al 60% de la remuneración de un juez de primera instancia.
Sin embargo, sostuvieron que actualmente no perciben componentes salariales equivalentes a gastos de representación y otros beneficios que sí forman parte de los ingresos de magistrados, lo que genera la diferencia denunciada.
Las profesionales señalaron además que la carga laboral excede ampliamente el horario formal establecido para la función judicial.
Indicaron que muchos actuarios trabajan incluso durante noches, fines de semana y feriados, acompañando diligencias, controlando expedientes y participando de audiencias que, en algunos casos, concluyen durante la madrugada.
Entre sus responsabilidades mencionaron la custodia de expedientes, el control procesal, la redacción de proveídos y el seguimiento de plazos judiciales, además de asumir responsabilidades civiles, penales y administrativas.
Finalmente, González y Sanabria afirmaron que el gremio ya presentó varias notas ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento de la ley. Aunque señalaron que ministros del máximo tribunal reconocieron la legitimidad del reclamo, apuntaron al Ministerio de Economía como principal obstáculo para destrabar los recursos.
Incluso advirtieron que algunos sectores analizan impulsar medidas de paro ante la falta de respuestas.
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