Según explicó la edil, la nota presentada por las empresas de transporte tenía como objetivo habilitar un espacio de diálogo entre las partes para analizar medidas concretas ante el encarecimiento del combustible. Sin embargo, el documento nunca fue derivado formalmente desde la Secretaría a la Junta Municipal, lo que impidió que los concejales pudieran tratarlo y tomar una decisión al respecto.
La consecuencia directa de esa demora burocrática fue que los permisionarios comenzaron a cobrar la tarifa aumentada sin contar con el aval de la Junta, trasladando el costo a los usuarios del transporte público de San Lorenzo.
González reconoció que la suba del combustible genera una presión real sobre las empresas de transporte y que el ajuste tarifario podría tener justificación, pero subrayó que el procedimiento debe respetarse. «Entendemos que hubo suba de combustible y que ellos necesitarían de ese ajuste para tener esa ganancia como cualquier trabajador, pero tenían que esperar que pase por la Junta», señaló la concejal, marcando que la vía institucional no fue respetada en este caso.
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