El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó el inicio de una auditoría administrativa integral en el Instituto de Previsión Social (IPS), enfocada en los balances financieros y en el inventario de sus inmuebles. El proceso, que arrancó hoy, tiene como fecha estimada de finalización el cierre de agosto y apunta a mapear unas 900 propiedades, determinar las condiciones de sus alquileres y establecer responsabilidades en la cadena de toma de decisiones.
Cabrera explicó que los trabajos se realizan de manera interinstitucional con la Escribanía Mayor de Gobierno, el Registro General de la Propiedad y el Instituto Geográfico Militar. Esta cooperación técnica busca verificar la situación real de los títulos de propiedad, su estado de disponibilidad y el georeferenciamiento físico de los terrenos en todo el país, incluyendo zonas remotas como el Chaco.
«Si existen indicios de hechos punibles, vamos a informar a la Presidencia del IPS para que se investigue», sostuvo el auditor. El plan no se limitará a revisar los documentos de las propiedades, sino que indagará si los inmuebles están ocupados, bajo qué requisitos se cedieron y quiénes son los encargados de administrar dichos predios dentro de la estructura previsional.
Control estricto a los contratos de alquiler
Uno de los focos principales de la intervención será el análisis del proceso de alquiler de las viviendas y terrenos de la previsional. La auditoría evaluará mediante una muestra representativa si los montos cobrados se ajustan a los precios del mercado y si dichos ingresos fueron efectivamente depositados en tiempo y forma en las cuentas de la institución.
A su vez, se realizará un cruzamiento de datos para comparar los ingresos percibidos por los arrendamientos frente a los gastos que el IPS realizó en concepto de mantenimiento de los mismos inmuebles. Respecto a la posibilidad de rescindir contratos que estén muy por debajo del valor de mercado, Cabrera aclaró que requerirá de un soporte numérico evidenciable como auditores para luego recomendar un dictamen jurídico que determine las acciones legales.
El seguimiento de los resultados se realizará a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIARP), herramienta con la cual la institución monitoreará el cumplimiento de las recomendaciones emitidas una vez culminado el proceso, bajo sistema de alertas en caso de vencimiento de plazos.
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