El presidente Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta simultáneamente la presión de múltiples gremios en las calles, la oposición del expresidente Evo Morales desde las redes sociales y una fractura interna: su propio vicepresidente se ha convertido, según analistas, en uno de sus principales opositores.
Lo que comenzó como un levantamiento sectorial contra la reducción del subsidio al combustible se extendió rápidamente a mineros, transportistas, campesinos, docentes y sindicatos de todo el país. Los bloqueos impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari, con el apoyo de la Central Obrera Boliviana, han dejado varados a unos 5.000 camiones en las carreteras, mientras las cámaras de comercio estiman pérdidas superiores a 50 millones de dólares diarios.
La escasez se cronifica. Varios bancos cerraron este martes sus sucursales en La Paz por razones de seguridad, y la petrolera estatal YPFB suspendió envíos de crudo a las zonas afectadas tras los bloqueos en su planta de Senkata. Argentina envió un avión militar con suministros alimentarios a pedido del gobierno boliviano, mientras el Ejecutivo intenta paliar el desabastecimiento con aviones de carga militares hacia las zonas cortadas.
Violencia en las calles de La Paz
Las manifestaciones escalaron en violencia durante la última semana. Activistas cercaron la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Parlamento, lanzando piedras, petardos y cargas de dinamita contra los agentes antimotines, que respondieron con gases lacrimógenos. Se registraron saqueos de comercios y edificios gubernamentales, daños en estaciones del sistema de teleférico Mi Teleférico —que suspendió cuatro líneas— y la quema de un vehículo policial. Unos 15 periodistas y cuatro equipos de prensa fueron agredidos, según la Defensoría del Pueblo. Entre los muertos se cuentan pacientes que fallecieron dentro de ambulancias al no poder llegar a tiempo a los hospitales.
Paz se mantiene firme, pero aislado
El presidente defiende los recortes y la reducción de subsidios como medidas necesarias para controlar un déficit fiscal que alcanza el 10% del PIB, con una inflación interanual del 14%. Aunque derogó la ley agraria y anunció aumentos salariales, esas concesiones no lograron sofocar las protestas. El Ejecutivo desplegó unos 3.500 efectivos para desbloquear carreteras por la fuerza, aunque sin uso de armas letales, y algunos gobernadores regionales presionan para que declare el estado de excepción.
La politóloga María Teresa Zegada advirtió que el escenario es el más álgido desde el inicio de las movilizaciones: «Mientras descomprime un conflicto, se abren otros. Se puede abrir un escenario muy crítico de enfrentamiento entre la sociedad civil que puede derivar en escenarios de violencia».
Evo Morales estaría detrás
Desde su confinamiento en el trópico de Cochabamba, el expresidente Evo Morales alimenta las protestas a través de las redes sociales, exigiendo la renuncia de Paz. Miles de simpatizantes del exmandatario —que gobernó Bolivia durante casi 14 años— se sumaron a las movilizaciones luego de que un juez lo declarara en desacato por no comparecer ante el tribunal en un caso de tráfico de personas, cargo que Morales niega. El gobierno de Paz lo señala como promotor de las movilizaciones con el objetivo de volver al poder.
Desde el exterior llegaron algunas señales de respaldo al presidente: la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos respaldó a Paz ante lo que calificó como una crisis humanitaria, y ocho gobiernos latinoamericanos emitieron un comunicado conjunto rechazando cualquier acción que atente contra el orden democrático.
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