Los cargos —asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves— fueron presentados ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida en lo que representa la primera acusación formal contra el liderazgo superior del régimen cubano en casi 70 años, en el marco de la ofensiva de la administración Trump contra La Habana.
El anuncio fue realizado por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de la comunidad cubana en el exilio, en una fecha cargada de simbolismo: el 20 de mayo, aniversario de la declaración de la República de Cuba en 1902. «Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses», afirmó Blanche.
El incidente ocurrió cuando dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron las avionetas desarmadas en aguas internacionales, según dictaminó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), contradiciendo la versión de La Habana, que alegó que las aeronaves habían ingresado a su espacio aéreo. Las cuatro víctimas fueron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, y el residente legal Pablo Morales. Un tercer aparato, en el que viajaba el líder del grupo José Basulto, logró escapar.
Castro, que cumplirá 95 años el próximo mes, ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al momento del derribo, lo que lo sitúa en la cúspide de la cadena de mando. La acusación también incluye a otros cinco militares cubanos presuntamente involucrados en la operación.
Una ofensiva multidimensional contra La Habana
La imputación se enmarca en una presión simultánea desde varios frentes. Horas antes del anuncio judicial, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un mensaje en video al pueblo cubano ofreciendo una nueva relación con Washington y 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos, a distribuir a través de la Iglesia Católica sin intervención del gobierno cubano. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó a Rubio de vocero de intereses revanchistas, aunque no descartó aceptar la ayuda.
El lunes previo, el Departamento del Tesoro incluyó en listas negras a los ministros cubanos de Justicia, Energía y Comunicaciones, a varios altos mandos militares y a toda la agencia de inteligencia de la isla. Desde enero, un decreto firmado por Trump amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo que derivó en un bloqueo de facto que dejó al país sin combustible para sus centrales eléctricas.
Sin extradición a la vista
Las autoridades estadounidenses no precisaron cómo ejecutarían una eventual operación para capturar a Castro ni cuál sería la pena máxima en caso de condena. El exmandatario apareció en público en Cuba a principios de mayo y no hay indicios de que haya abandonado la isla ni de que el régimen vaya a permitir su extradición. Trump había advertido en marzo que Cuba «es la siguiente» tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en enero, mientras el presidente cubano Miguel Díaz-Canel alertó que cualquier acción militar estadounidense provocaría un «baño de sangre».
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