La magistrada especializada en delitos económicos y crimen organizado señaló que el comiso puede abarcar objetos utilizados para cometer delitos, así como dinero, bienes, productos financieros y otros activos obtenidos a partir de ganancias ilícitas.
Como ejemplo, mencionó que si una persona obtiene dinero mediante la venta de drogas y posteriormente utiliza esos recursos para inversiones o compra de acciones, esos bienes también pueden quedar sujetos a decomiso.
Criscioni explicó que el objetivo del sistema es privar a las personas del beneficio económico generado mediante actividades ilegales.
La camarista también advirtió que el principal problema del sistema judicial paraguayo radica en la falta de capacidad de quienes aplican las leyes, más que en las normas vigentes. “Puede tener la mejor ley del mundo, pero si no tenés aplicadores, si no tenés voluntad, no tenés tampoco nada”, afirmó durante la entrevista.
Finalmente, sostuvo que Paraguay necesita avanzar en reformas orientadas a la criminalidad organizada, entre ellas una legislación específica sobre prueba digital y modificaciones al Código Procesal Penal. Según indicó, los conflictos actuales vinculados a delitos económicos y crimen organizado requieren herramientas procesales más modernas y operadores de justicia capacitados para aplicarlas.
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