Los letrados, quienes además se desempeñan como funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, habrían percibido alrededor de G. 3.200 millones. Ante esta situación, el ente contralor prevé realizar un nuevo pedido de informes para continuar avanzando en la investigación.
“Nuestra Dirección General de Municipalidades realizó requerimientos al intendente de San Lorenzo en relación con la denuncia presentada. La entidad respondió y actualmente los auditores de dicha Dirección General se encuentran analizando los antecedentes. Oportunamente se emitirá el informe correspondiente”, señalaron desde la Contraloría al ser consultados sobre el estado del proceso.
Además de la documentación ya remitida al ente contralor, se prevé reiterar algunos pedidos debido a que, según fuentes del caso, las respuestas enviadas por la comuna no fueron suficientemente claras.
Ñandutí accedió a documentos preliminares relacionados con este caso. Entre los requerimientos realizados por la Contraloría tras conocerse la denuncia figuran varios informes específicos vinculados al pago de honorarios y a la gestión administrativa de la Municipalidad de San Lorenzo.
“Gestión Presupuestaria del Objeto del Gasto 915 – Gastos Judiciales, se solicita copia autenticada de las órdenes de pago, cheques y facturas que respalden el desembolso de los honorarios regulados judicialmente”, menciona el primer punto.
Asimismo, la CGR pidió un “Listado de abogados externos contratados o con regulación de honorarios, detallando si alguno de ellos posee simultáneamente cargos en la función pública o contratos de prestación de servicios en otras dependencias del Estado”.
También solicitaron la “copia autenticada de los extractos y conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la Municipalidad de San Lorenzo al cierre de los ejercicios fiscales 2023 y 2024; asimismo, especificar si fueron remitidos a la Junta Municipal. En caso afirmativo, adjuntar copia del acuse de recepción; en caso contrario, indicar el motivo de la no remisión”.
A raíz de las publicaciones y de las denuncias documentadas, el Ministerio Público también abrió una investigación que actualmente sigue en curso.
Venta de inmueble a Senacsa
Los documentos oficiales a los que accedimos señalan que la venta de los inmuebles fue autorizada por la Junta Municipal a favor de Senacsa por un total de G. 39.600 millones. Posteriormente, tras solicitarse una auditoría del caso, en el desglose de pagos figura un desembolso de G. 972 millones en concepto de “honorarios regulados judicialmente por terrenos vendidos a Senacsa”.
Sin embargo, el monto finalmente cobrado en concepto de regulación de honorarios habría ascendido a G. 3.200 millones, con aval del intendente Salomón y del juez Milner Borja Denis. Los beneficiados con la millonaria suma, en una operación similar a una “intermediación inmobiliaria”, fueron Héctor Urbano Parodi y José David Macedo, ambos funcionarios asalariados de la comuna.
Lo que dice la ley
La normativa que reglamenta el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos y otros auxiliares de justicia de entes públicos es clara en este punto y prohíbe “cualquier tipo de pretensión de cobro” cuando se trata de entidades bajo tutela de la administración pública.
Pese a esta prohibición, desde la Municipalidad de San Lorenzo se autorizó el millonario desembolso a favor de los dos abogados. Por el momento, se desconoce cuándo estará concluido el informe final sobre el caso.
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