Según explicó la agente del Ministerio Público, la investigación demostró que entre los años 2016 y 2022 la mujer adquirió bienes y administró recursos económicos obtenidos presuntamente a partir de actividades criminales vinculadas al sicariato.
Además, sostuvo que la acusada simulaba actividades comerciales para intentar justificar el origen de los ingresos.
Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó elementos que apuntaban a un crecimiento patrimonial sin respaldo lícito. Entre las pruebas mencionadas figuran supuestas compras ficticias realizadas a nombre de negocios como un supermercado y una peluquería, con las cuales buscaban aparentar ingresos legales.
La fiscal afirmó que no se pudo acreditar una fuente legítima de financiamiento ni para Gudelia Vargas ni para Marcio Sánchez.
Asimismo, el tribunal dispuso el comiso de varios bienes vinculados al esquema investigado, entre ellos tres inmuebles, camionetas, motocicletas, ganado y dinero proveniente de alquileres y ventas. De acuerdo con Valdez, todos los bienes quedarán bajo embargo y pasarán al Estado una vez que la sentencia quede firme tras agotarse las instancias de apelación.
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