Según detalló la agente fiscal, Frutos operaba como representante legal de la empresa gracias a un poder otorgado en 2003 por su suegro. Sin embargo, tras la muerte del propietario en 2019, el ahora condenado siguió realizando trámites administrativos y comerciales como si la firma continuara bajo la titularidad original.
La investigación determinó que la estructura empresarial fue utilizada para concretar envíos internacionales de madera en cuyo interior se ocultaba cocaína.
La fiscal señaló que el mecanismo de ocultamiento detectado en el puerto seguro de Villeta presentaba un nivel de sofisticación pocas veces visto. “Era imperceptible a simple vista”, sostuvo, al explicar que la droga fue hallada recién después de escaneos y la apertura de uno de los pallets.
Cubilla indicó además que la organización utilizaba una “apariencia de legalidad” para operar dentro de los circuitos formales de exportación. En ese contexto, también se identificó en España una empresa receptora considerada de fachada, vinculada a un ciudadano paraguayo procesado por la justicia española.
La investigación reveló igualmente la existencia de otro involucrado que actualmente se encuentra prófugo y con declaración de rebeldía.
El caso incluyó la incautación de 160 kilos de cocaína que, según explicó la fiscal, podían alcanzar valores cercanos a los 100 mil dólares por kilo en territorio europeo. “Las organizaciones criminales necesitan llegar con apariencia de legalidad cuando utilizan las vías marítimas y los controles estatales”, explicó, al tiempo de valorar la condena como parte del combate a las estructuras transnacionales dedicadas al narcotráfico.
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