La Tercera Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital confirmó la Sentencia Definitiva N° 52, ratificando que el Estado paraguayo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), deberá abonar a la docente Clementina Ruiz Díaz Ojeda la suma de G. 853.122.437 en concepto de daños y perjuicios , más un interés mensual del 2,3% calculado desde julio de 2018, es decir, alrededor de G. 1.839.875.922.
El calvario de Clementina se inició el 25 de octubre de 2013 , cuando su vivienda ubicada en la Compañía Pacheco de Carapeguá fue allanada con un fuerte despliegue de medios de comunicación. Tras dar a luz en el Instituto de Previsión Social (IPS) y recibir el alta médica junto a su hijo , el bebé falleció de forma natural. Siguiendo costumbres rurales, la mujer enterró el cuerpo en su propiedad.
«Lo que despertó el morbo de la gente fue que estaba embarazada y ‘no le contó’ a las autoridades del colegio ni de la comisión de padres. Denunciaron diciendo ‘seguramente por algo fue’ y la Fiscalía actuó mediante un chisme, sin más pruebas. Jamás existió ningún elemento que demuestre que su recién nacido haya muerto por violencia o por desidia», relató a Ñanduti la abogada Olga Recalde, representante legal de la docente.
Sin embargo, falsos rumores e hipótesis generadas por un grupo de padres, profesores y directivos de la institución educativa donde ejercía la docencia despertaron el morbo social debido a que «no comunicó formalmente» su embarazo. Esto motivó una denuncia y la apertura de una investigación fiscal por supuesto homicidio doloso.
A pesar de que los informes forenses iniciales determinaron desde el primer momento que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción y que resultaba imposible realizar una autopsia para probar hechos de violencia , la Fiscalía y el Juzgado penal sostuvieron la medida de prisión preventiva.
«Aunque nada podrá borrar los años de sufrimiento por la privación de libertad, esto es una reivindicación de su nombre, que había quedado muy afectado con su injusto encarcelamiento y la amplia difusión por todos los medios. Fueron años durísimos. Más que nada por sus hijos, que en ese momento tenían 13 y 6 años, y se quedaron completamente desamparados y sin recursos para su subsistencia al perder ella su salario de docente», comentó Recalde.
La docente pasó 2 años, 9 meses y 7 días recluida de forma injusta en el Penal del Buen Pastor, alejada de sus pequeños hijos. Finalmente, en agosto de 2016, un Tribunal de Sentencia la absolvió unánimemente al constatar la absoluta orfandad probatoria del Ministerio Público.
Con este fallo definitivo de segunda instancia, la justicia civil concluye un litigio de 8 años y busca reivindicar el nombre de la maestra tras una evidente y negligente persecución judicial.
Sobre si accionarán contra los vecinos denunciantes (la directora, padres y profesores de la Compañía Pacheco de Carapeguá), la profesional descartó esa posibilidad. «No creo que ella quiera accionar contra ellos. Después de todo lo que pasó, creo que ahora solo querrá dar vuelta la página», expresó.
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