La Contraloría General de la República, a través de la Nota CGR Nº 2204 del 13 de mayo de 2026 firmada por el contralor Camilo Daniel Benítez Aldana, comunicó a la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal que ha finalizado el análisis técnico de las seis Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por Santiago Peña Palacios entre el 3 de abril de 2014 y el 30 de septiembre de 2025.
El examen abarcó su paso por la Dirección del Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República.
Según el Resumen Ejecutivo del Dictamen de Correspondencia Patrimonial, existe “correspondencia patrimonial en los dos períodos de control evaluados”. El documento establece que “el patrimonio declarado se sostiene íntegramente en las fuentes lícitas verificadas” y que “los indicadores de sustentabilidad superan los umbrales técnicos de referencia en ambos períodos”.
Además, señala que “las operaciones materiales presentan trazabilidad documental verificada” y que las diferencias formales detectadas fueron incorporadas al patrimonio neto declarado conforme al procedimiento técnico previsto.
El análisis se dividió en dos períodos de función pública: el primero entre 2014 y 2017 (Director del BCP y Ministro de Hacienda) y el segundo entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025 (Presidente de la República). Entre ambos existe un intervalo privado de aproximadamente seis años que no fue objeto de control directo por la Contraloría, conforme al mandato constitucional.
Para el primer período se aplicó el método de margen residual del 35 %; para el segundo se utilizó el método de ingresos y egresos con análisis mensual detallado.
El dictamen destaca que la composición patrimonial neta del presidente evolucionó de ₲996.463.047 al inicio del primer período (3 de abril de 2014) a ₲25.260.969.854 al cierre del segundo período (30 de septiembre de 2025), luego de las conciliaciones con registros institucionales.
La Contraloría subraya que no se advirtieron incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos lícitos verificados y que las operaciones de mayor envergadura, como la construcción de una vivienda/oficina en San Bernardino, cuentan con respaldo contractual, registral y societario completo.
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