La decisión deja vigente el fallo de la Corte Suprema de Vermont, que sostuvo que el estado sí puede juzgar a Meta porque la empresa opera activamente en su mercado y obtiene ingresos de usuarios y anunciantes locales.
Meta argumentaba en su apelación que Vermont carecía de jurisdicción para tramitar la demanda y que ello violaba el debido proceso, ya que la empresa tiene su sede en California.
La orden de los magistrados, que carece de explicaciones y que fue colgada en los archivos públicos del caso, permite que la demanda pueda ser discutida en los tribunales federales de Vermont.
La demanda de Vermont surgió en 2023 tras una investigación impulsada por una coalición bipartidista de fiscales generales de varios estados sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad.
El estado acusa a Meta de diseñar sus plataformas para fomentar el uso compulsivo entre adolescentes y priorizar el tiempo de permanencia de los usuarios por encima de su bienestar.
Además, investigaciones periodísticas basadas en documentos internos de Meta revelaron que la empresa conocía los posibles efectos negativos de Instagram en la salud mental de los jóvenes, especialmente de las adolescentes.
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